No sólo sus crímenes, también la plata de todos
Que los milicos estén impunes por sus crímenes y que gocen de libertad es una afrenta a la dignidad de Chile. La cobardía de la Concertación y el Poder Judicial ha permitido que los asesinos, torturadores y ladrones caminen libres por las calles de Chile, Tal beneficio que indigna y violenta, ahora se agiganta al saber que, además, reciben “sueldos y honorarios” por parte del Ejercito y el Estado.
En tiempos de “crisis” y cuando una inmensa mayoría de chilenos gana un sueldo mínimo de “hambre”, los represores se dan el lujo de recibir suculentas pensiones y otros beneficios como salud, bono por “Stress Post-traumático” y honorarios por supuestos “trabajos” al Ejercito. Es decir, viven a costa de la plata de todos nosotros, como vulgares cafiches.
Por su parte, el Gobierno, a través del Ministro Viera-Gallo, presiona vulgarmente a parlamentarios concertacionistas para que no concurran a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y así evitar que se iniciara una investigación respecto a los DINA-CNI que aun cumplen funciones pagadas por el Estado de Chile.
Esta nueva canallada de la bota, militar, entrega nombres ilustres de ex represores, tal como Miguel Krassnoff, torturador y asesino de la DINA, quien trabaja como Gerente del Hotel Militar. Otro insigne militar es Hugo César Acevedo Godoy, “El Cacho” compañero de curso de Augusto Pinochet Hiriart en la Escuela Militar. Integró la DINA y la CNI hasta mediados de los años 90. Acevedo posee un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena".
Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, es otro que recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército, como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar".También aparece Alfredo Iturriaga Neumann, quien fuera Boina negra y comando, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre.
En la larga lista de “beneficiarios”, aparece Pablo Rodríguez Márquez, procesado y acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos, recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".
En tiempos de “crisis” y cuando una inmensa mayoría de chilenos gana un sueldo mínimo de “hambre”, los represores se dan el lujo de recibir suculentas pensiones y otros beneficios como salud, bono por “Stress Post-traumático” y honorarios por supuestos “trabajos” al Ejercito. Es decir, viven a costa de la plata de todos nosotros, como vulgares cafiches.
Por su parte, el Gobierno, a través del Ministro Viera-Gallo, presiona vulgarmente a parlamentarios concertacionistas para que no concurran a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y así evitar que se iniciara una investigación respecto a los DINA-CNI que aun cumplen funciones pagadas por el Estado de Chile.
Esta nueva canallada de la bota, militar, entrega nombres ilustres de ex represores, tal como Miguel Krassnoff, torturador y asesino de la DINA, quien trabaja como Gerente del Hotel Militar. Otro insigne militar es Hugo César Acevedo Godoy, “El Cacho” compañero de curso de Augusto Pinochet Hiriart en la Escuela Militar. Integró la DINA y la CNI hasta mediados de los años 90. Acevedo posee un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena".
Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, es otro que recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército, como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar".También aparece Alfredo Iturriaga Neumann, quien fuera Boina negra y comando, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre.
En la larga lista de “beneficiarios”, aparece Pablo Rodríguez Márquez, procesado y acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos, recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".
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