
La Concertación fijó su posición en materia de Derechos Humanos a principios de los años 90. Fue Patricio Aylwin - quien tras comunicar al país los resultados del informe Retting, - señalaba que la justicia sería en la “medida de lo posible”. Así, hipotecó el justo y necesario castigo a los asesinos y torturadores y sentó las bases de la futura impunidad.
De ahí en adelante, los juicios a los asesinos y torturadores fue pan y circo. Todavía no encontramos a nuestros desaparecidos y los pocos criminales encarcelados lo hacen en cárceles VIP, acondicionadas como el mejor hotel del barrio alto y con lujos que pocos chilenos se pueden dar; piscina, Internet, biblioteca, TV cable, comida a la carta y mozos subalternos.
La impunidad o la justicia “en la medida de lo posible”, fue el costo que quiso pagar la cobardía de los impuros para no tener la bota militar asechando, día a día, su ensangrentado gobierno corrupto. Así, los cobardes y arrepentidos aceptaron administrar en silencio las herencias putrefactas que le dejó la milicada victoriosa. Su traición caló hondo en sus corazones desteñidos y transcurridos ya 36 años del golpe, las cosas no van a cambiar. Muy a pesar nuestro, los milicos y sus cómplices de traje y corbata, seguirán muriendo sin recibir el castigo justo.
Mientras tanto, libres quedaron los asesinos de Gastón Vidaurrázaga y Felipe Rivera, mientras que los autores de la muerte de Pepe Carrasco, fueron premiados con la rebaja a sus ya ínfimas condenas.
La gracia fue de los ministros de la Corte Suprema Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Juan Araya y Carlos Künsemülle, quienes después
de 23 años de transcurridos los hechos, rebajaron en forma considerable las sentencias de Alvaro Corbalán y otros agentes de la CNI que ejecutaron al periodista José Carrasco Tapia y al publicista Abraham Muskatblit Eidelstein, al mismo tiempo que dejaron en libertad condicional a los asesinos del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga Manríquez y del electricista Felipe Rivera Gajardo.
Los crímenes ocurrieron bajo estado de sitio en la madrugada del 8 de septiembre de 1986, y fueron la respuesta de Pinochet a la fallida emboscada del 7 de septiembre contra el dictador, realizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.Álvaro Corbalán Castilla, jefe de operaciones de la CNI, de acuerdo a la prolongada investigación judicial debía enfrentar 18 años de presidio por planear estos crímenes, vio rebajada su condena a 12 años. La Corte de Apelaciones había confirmado las sentencias de trece años de presidio para Jorge Vargas Bories, Iván Quiroz Ruiz, pero la Corte Suprema, en cambio, condenó a 7 años a los autores materiales de los homicidios del editor internacional de la revista Análisis y dirigente del MIR, José Carrasco y de Abraham Muskablitt, dirigente del Partido Comunista. Además, el tribunal dejó en libertad condicional a los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera, cuya sentencia era a 8 años de prisión efectiva como autores del homicidio del también miembro del MIR, el profesor Gastón Vidaurrázaga.Por su parte, Pedro Guzmán Olivares y Gonzalo Maas del Valle, autores del homicidio de Felipe Rivera, quedaron en libertad al rebajarse de 8 a 5 años sus condenas. Los ex agentes Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcau, también quedaron en libertad gracias a las rebajas en las condenas.
Pero las malas noticias no vienen solas. El mismo día de comunicar las sentencias a los ex CNI, la Corte Suprema dio a conocer otras dos resoluciones definitivas, esta vez en el caso denominada “Operación Retiro de Televisores”, que consistió en remover los cuerpos de víctimas de la Dictadura desde el campo militar de Peldehue, para ser arrojados al mar y así desaparecer todo rastro de sus crímenes.
El fallo no arrojó novedad alguna, tampoco habrá cárcel para ninguno de los altos oficiales y subalternos involucrados en el delito. Los nueve ex uniformados recibieron 270 días de prisión remitida.
Pero la burla prosigue, el mismo 13 de agosto, esta vez por la desaparición de Rubén Alejandro Velásquez Vargas y el homicidio de José Esaú Velásquez Velásquez, ocurrida el 5 de octubre de 1973 en el sector de Lago Yunque, provincia de Palena, Región de Los Lagos, el poder judicial sentenció a los criminales a penas remitidas de tres años y un día, es decir, sin reclusión.
Sin embargo no estamos ante sentencias excepcionales. La historia de la justicia es siempre la misma. En enero de 2009, la Corte Suprema aplicó la prescripción y absolvió a los criminales de la DINA identificados como autores de la desaparición de la estudiante de servicio social Jacqueline Binfa, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida el 27 de agosto de 1974, en Santiago.
La impunidad se consolida proporcionalmente como se perpetúan los cobardes en sus escritorios gubernamentales. Mientras tanto, la rabia de los dignos se construye lentamente en las barriadas obreras de todo Chile. Así, construyendo y avanzando, esperamos el momento preciso y justo para exigir cuentas a tanto cobarde de uniforme. Por lo pronto, nuestro abrazo fraterno para los que cayeron de pie y con la mirada llena de futuro.
Pablo Villagra Peñailillo